Divisiones en la UCR por el plan oficial para cambiar la sede de pago a los bonistas

Política

El senador Nito Artaza y el diputado Eduardo Santín se mostraron en disidencia con la cúpula del radicalismo, que dijo que votará en contra del proyecto. Tampoco tienen el acompañamiento de la juventud radical.

Al igual que el macrismo y el massismo, el radicalismo nacional resolvió este jueves "no apoyar" el proyecto oficialista para cambiar el domicilio de pago a los bonistas y lo juzgó como "una ley innecesaria" que "trae más incertidumbre".     

Así lo explicó el titular partidario Ernesto Sanz durante la jornada de reflexión que se realizó en la ciudad de Córdoba y agregó que la iniciativa contribuye a "empeorar la mala situación económica que la impericia del gobierno ha provocado", se informó en un comunicado.

     Por su parte, el diputado nacional y precandidato presidencial Julio Cobos opinó que "el Gobierno no necesita una ley para resolver esta situación que ha manejado en forma errática e improvisada. No queremos comprometer el futuro de los argentinos, tenemos alternativas, depende del gobierno que acepte el diálogo".

En la capital cordobesa se reunieron 55 legisladores radicales para definir la postura del partido ante el proyecto de ley de Pago Soberano. Allí, quedó en evidencia que el plan oficial divide a la UCR. Los principales referentes del radicalismo no acompañarán la iniciativa que impulsa la Casa Rosada.

"La mayoría de los legisladores opinamos que no vamos a acompañar al Gobierno"
, sostuvo Sanz, en referencia al proyecto del nuevo canje de deuda que lanzó el Gobierno hace dos días y que espera aprobar en el Congreso en las próximas semanas.

Uno de los radicales que no comparte esa visión es el senador nacional Eugenio "Nito" Artaza (UCR), quien afirmó que con el proyecto de ley  "la Argentina está demostrando al mundo voluntad de pago", y vaticinó que la iniciativa será aprobada en el Parlamento Nacional.

El legislador realizó estas declaraciones ayer en una entrevista del programa "En el aire" que se emite por LT7, Radio Corrientes,  en la que además consideró que la iniciativa de la presidenta Cristina Kirchner  "va a tener respaldo y legitimación política en el Congreso de la Nación".

"Seguramente habrá  sectores  que se van a oponer, pero me parece que la Argentina  está pagando y es injusto que se apropie un juez de una jurisdicción distinta",
afirmó el senador  por Corrientes, no sin antes manifestar respecto de (Thomas) Griesa "eso fue lo que aceptamos y ese fue el error".

De igual forma se expresó el diputado radical Eduardo Santín al asegurat que la oposición debe acompañar el proyecto de ley impulsado por el Gobierno que propone cambiar el lugar de pago a los bonistas porque el problema de la deuda "es un tema que debemos resolver entre todos los argentinos".

Santín señaló que "no se siente identificado con esta  postura del  radicalismo que no me representa"  ya que no sigue los ideales históricos del  yrigoyenismo y del alfonsinismo, y reveló que no fue a la reunión de los diputados y senadores que se realizó en Córdoba  porque "allí iban a exponer Alfonso Prat Gay, Natalio Botana y Javier González Fraga y este no es el radicalismo que yo represento, que es aquel que sigue los ideales de Hipólito Yrigoyen, Leandro N. Alem y Raúl Alfonsín".

Los jóvenes tampoco comparten lo resuelto por la cúpula de la UCR. El referente de la juventud radical, Leandro Santoro, aseguró que  "Si hay memoria histórica, el radicalismo debe acompañar la posición Argentina en el Parlamento"

Por medio de un comunicado, el dirigente de la agrupación "Los Irrompibles" afirmó que "a juzgar por las declaraciones de los economistas del establishment y sus representantes políticos, lo que verdaderamente buscan los que se oponen al cambio de jurisdicción de los bonos reestructurados, es que la Argentina les pague ´cash´ a los buitres".

"Lo que es lo mismo que decir  - explicó - que se liquiden las reservas del BCRA en meses. De tal manera que se produzca una corrida cambiaria, que dispare una hiperinflación, que a su vez genere estallidos sociales para que la presidenta Cristina Kirchner terminé en diciembre como Alfonsín en 1989, de tal forma que los que vienen tengan el mismo margen de maniobra que Menen para aplicar cirugía mayor", señaló.





Dejá tu comentario