A partir del caso argentino, cambian reglas en procesos de reestructuración de deudas
La Asociación Internacional de Mercado de Capitales estableció nuevos estándares de interpretación de las cláusulas de acción colectiva y de la cláusula de pari passu para evitar que fondos buitres echen por tierra futuras renegociaciones de deuda soberana.
Las CAC permiten a una mayoría de bonistas acordar cambios en los términos y condiciones de los bonos que se hace extensivos a la totalidad de los bonistas. "Los nuevos estándares definidos por ICMA proveen una solución práctica al problema que implica que minorías bloqueen el proceso" indica el comunicado de la ICMA.
El caso de Argentina y su disputa en los tribunales de los Estados Unidos con los fondos buitre sirvió como disparador para estas modificaciones que de ahora en más protegerán procesos de reestructuración de deuda exitosos de la acción de pequeños grupos con gran poder de lobby. El 92,4 por ciento de tenedores de bonos argentinos defaulteados en 2001 aceptaron los canjes de bonos con una importante quita propuestos por los gobiernos de Néstor Kirchner en 2005 y Cristina Kirchner en 2010. Sin embargo un pequeño un grupo de holdouts obtuvo un fallo favorable en un tribunal de Nueva York y mantiene en vilo al resto de los acreedores que no pueden cobrar lo que les corresponde aun cuando la Argentina depositó en tiempo y forma los fondos para cancelar el vencimiento del pasado 30 de junio.
El ICMA advirtió: "La interpretación dada a la cláusula pari passu en el caso de la Argentina ha generado una considerable incertidumbre para futuras reestructuraciones". Con las nuevas reglas, "se reduce el riesgo" de ver como este mecanismo se usa para "perturbar futuras reestructuraciones".
Esta cláusula legal, cuyo nombre significa en latín "al mismo paso", dispone, en el caso de una quiebra, que todos los acreedores deben ser tratados igual. El gobierno argentino denunció en reiteradas oportunidades que la interpretación que hizo el juez neoyorquino Thomas Griesa de esta cláusula es antojadiza, y vuelve inviables eventuales futuros procesos de reestructuración de deudas soberanas. Griesa determinó que, en virtud de la cláusula, como Argentina pagó a quienes habían aceptado entrar en el canje también tenía que pagar los 1.300 millones de dólares que le reclaman los fondos litigantes.
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